La responsabilidad de la Presidenta
En las últimas semanas, Trump se ha solidarizado con las protestas de los ciudadanos de algunos Estados norteamericanos contra las políticas de confinamiento de sus Gobiernos locales. Aquí ha sido María Jesús Montero la que ha animado al PSOE de Madrid a rebelarse contra el gobierno del PP y plantear una moción de censura. Los verdaderos destinatarios del mensaje eran los miembros de Ciudadanos. A falta de ciudadanos “autónomos” (que andan confinados o haciendo “running”), la ministra portavoz se conforma con los representantes electos del Ciudadanismo, digámoslo así. La llamada a la rebelión es peligrosa para Díaz Ayuso: la cacería contra ella, en términos políticos, mediáticos y de redes sociales va a ser implacable. En juego está el gobierno de Madrid, enclave estratégico para los dos grandes partidos.
Ahora bien, como la rebelión no parece inminente, por la situación sanitaria, Díaz Ayuso tiene un poco de tiempo para superar el bache en el que le ha situado su cambio de parecer acerca de la situación de Madrid en el desconfinamiento. Es cierto que insinuó que ese cambio se debía a motivos económicos, tanto como sanitarios, pero se puede argumentar sin faltar a la verdad que en la decisión política pesan otras realidades, y que las económicas, en particular en este momento y con la gravedad de la crisis, no son menores. La coartada supuestamente científica de la conducta del gobierno socialista ha sido siempre débil. Ni la falta de conocimientos acerca del covid-19 justificaba la larga inacción primera, ni la ideología tenía por qué haber anulado los conocimientos que ya por entonces se tenían. En el caso de Madrid –como lo podría haber sido en el del Gobierno central- el error es disculpable siempre que prime la transparencia y resulte clara la voluntad de contribuir al bien común.
Por otra parte, quien desencadenó la minicrisis ocurrida en la Comunidad de Madrid fue un representante de Ciudadanos partidario de acelerar el acceso de Madrid a la Fase 1. Es una posición legítima. Es de suponer que Ignacio Aguado la seguirá manteniendo o que, como cualquiera que participara en la decisión final, estará dispuesto a asumir su parte de responsabilidad. No va a ser del todo fácil distanciarse demasiado de quien aceptó el criterio que él mismo proponía.
La ofensiva del Gobierno central, incluida la de Pablo Iglesias, responsable desde el 19 de marzo de la gestión de las residencias para mayores, se debe también a la debilidad del Partido Popular tras el fracaso del órdago del miércoles en el Congreso. Con el agravante de que es posible que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, o en sus aledaños, se haya apoyado una estrategia destinada a fracasar, como era hacer creer que el PP podía votar NO a la prolongación del estado de alarma. Es posible que Díaz Ayuso, sumida en la vorágine de estos meses, no haya calibrado todavía hasta qué punto ha fracasado el experimento de recentralización llevado a cabo durante la crisis. Su terreno es Madrid, y es desde allí desde donde hará, si lo desea, política nacional.
Finalmente, también es el momento de demostrar que, a diferencia de lo que hace el Gobierno social peronista, Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid se toman en serio las reglas de juego. En el ambiente de enfrentamiento total en el que vivimos, y ante la brutal batalla política que acaba de arrancar, resulta imprescindible que alguien demuestre que sigue siendo capaz de discernir la verdad de la manipulación y el interés partidista del interés general. El Gobierno autonómico tiene ahora la responsabilidad de demostrar que Madrid está preparado para lo que se avecina.
La Razón, 09-05-20
