El Gobierno y la Guardia Civil
Se siguen acumulando los indicios de que el Gobierno sabía los riesgos en los que iban a incurrir todos aquellos que acudieran a la manifestación neofeminista del 8-M. LA RAZÓN publicó un informe muy anterior, del 10 de febrero, y otro de dos días antes del “evento”, como se dice ahora. La Guardia Civil, por su parte, revela en el informe publicado ayer que hubo un alerta europea seis días antes y que no se difundió. Y que también hubo recomendaciones muy específicas de la Delegación del Gobierno en Madrid que, por pura lógica, deberían haber llevado a la cancelación de la manifestación.
Un comentarista satírico, y algo cínico, podría decir que el Gobierno feminista tuvo la intención de erigir un auténtico martirologio de neofeministas, de cualquier de los dos géneros, sacrificados en el altar de la ideología. (Sin excluir ministras y ministros, aunque hubo alguno, de vocación testimonial menos intensa, que intentó protegerse con unos guantes).
Todo esto resultaba bastante previsible, aunque no se pudiera decir, casi desde el principio. Lo era menos que el asunto fuera a provocar un enfrentamiento entre el Gobierno y la Guardia Civil con derivada políticas de gravedad insospechada. El asunto cobró un nuevo giro con la gravísima acusación, hecha por el Presidente del Gobierno ante las Cortes, acerca de la existencia de un núcleo de Guardias Civiles con intenciones antidemocráticas. Núcleo no especificado, pero que todo el mundo entendió, incluida la Guardia Civil, que incluye al recién destituido Pérez de los Cobos y a aquellos que, con más o menos discreción, se han solidarizado con él. Además del Partido Popular, implicado en la trama aviesa y oscura de esta llamada “Policía Patriótica”.
Como la táctica de Sánchez es siempre la huida hacia adelante, se empieza a dibujar un nuevo panorama en el que el Gobierno parece haber visto en sus propias acusaciones, dignas de un renacido Azaña asediado por las fuerzas facciosas, la ocasión de lanzar una gran remoción no ya de la cúpula, sino de la estructura misma de la Guardia Civil. Efectivamente, la comprobada lealtad de la Benemérita al Estado hace de ella un organismo de difícil digestión para un Gobierno que desconoce lo que es el respeto a las instituciones. Así que el Gobierno de Sánchez se ha elegido un nuevo enemigo para demostrar su progresismo.
La Razón, 05-06-20
