Amnistías y corrupción
El gobierno parece favorable a una ley que acabe con las amnistías fiscales. Lo hace después de la superferolítica, casi fláutica, sentencia del Tribunal Constitucional y la consiguiente trifulca, relevante para un gobierno en minoría y acorralado por los casos de corrupción. El gobierno intenta recuperar la iniciativa y responder a una opinión pública hipersensibilizada. También es un gesto un poco fútil, de cara a la galería. Una ley se puede derogar con otra y nadie dudará, a estas alturas, de lo que hará un gobierno, en particular uno de índole social populista, si cree necesaria una nueva amnistía fiscal como las dos que promulgaron los socialistas en 1984 (Boyer) y 1991 (Solchaga).
Como percibe bien la opinión pública, lo que está en el fondo del asunto es la sombra de la corrupción. Esta, a su vez, está relacionada con la arbitrariedad del poder político. Los españoles hemos aprendido mucho en este aspecto y hoy en día mantenemos una actitud distinta a la de hace unos cuantos años, pocos. Hemos pasado de una sociedad homogénea y de relaciones personales, donde primaba el principio de confianza, a otra pluralista, abierta, que requiere reglas y normas explícitas. Ha sido un cambio necesario, aunque no se debería juzgar con ligereza situaciones previas según los parámetros ahora vigentes.
En cuanto a la amnistía fiscal, es un instrumento excepcional de por sí. Impedirla por ley es, efectivamente, retirar al poder político capacidad de actuar con cierto margen de arbitrariedad, pero en una democracia liberal estos actos pueden y deben estar sometidos al escrutinio de los demás poderes y de la opinión pública. También equivale a manifestar una seria desconfianza en estos instrumentos de control y, en el fondo, hacia la propia acción política que en muchas ocasiones, por no decir siempre, se rige según criterios de mal menor y no según otros de pura justicia –aunque sí de respeto a la ley- como los expuestos en su sentencia por el Constitucional. La situación de España hace cinco años era desesperada y la amnistía contribuyó a salvar al Estado del rescate. Muchos críticos con la amnistía fiscal están entre quienes eran partidarios de pedir el rescate, es decir de la quiebra del Estado, con todas las consecuencias políticas que se habrían derivado de esta. La obsesión regeneracionista es antipolítica… hasta cierto punto.
La Razón, 23-06-17
