Las lenguas catalanas
Los nacionalistas catalanes no quieren, o no saben, autogobernarse, por lo que el artículo 155 sigue en vigor. También han empezado a vencer los plazos para organizar el próximo curso escolar. Así que ha vuelto a primer plano el asunto de las lenguas en la enseñanza en esa Comunidad Autónoma. Quien esto firma ve razonable un uso minimalista, llamémosle así, del 155. No hay consenso para ir más allá (recuérdese cuando Ciudadanos no era partidario de su aplicación) y el 155 parece estar pensado para salvar una situación excepcional, sin más.
Claro que, por otro lado, la situación vigente incumple sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la enseñanza del castellano. Se llega por tanto a la paradoja de que si las cosas siguen como hasta ahora, el artículo 155 se aplicará no para evitar las ilegalidades, sino para que el Estado siga incumpliendo las leyes y la sentencias.
¿Cómo se ha llegado a este punto? Lo principal ha sido el consenso que ha regido hasta ahora acerca del estatus de las lenguas en Cataluña. Según esto, la lengua de Cataluña es el catalán, con exclusión del castellano, lengua cooficial en el papel pero en realidad extranjera y sobre todo, amenazante para la primera, que requiere medidas como la inmersión para no decaer. A la voluntad de preservación se añadió la de la construcción de la nación catalana. Con la particularidad de que este último argumento era obviado por el Estado español y las elites gobernantes del país, hasta el punto que quienes dijimos, hace mucho tiempo, que lo que estaba ocurriendo en Cataluña era un proceso de construcción de la nación (nacionalista) catalana, venimos siendo considerados unos provocadores o unos apestados…
Hasta que llegó el “procés”. Se entiende que el gobierno central habría preferido no verse envuelto en este debate, al menos en estas circunstancias. El caso es que el debate está servido. Siendo difíciles todas las salidas, la más airosa será la que, por un lado, empiece a garantizar el cumplimiento de las leyes en Cataluña y, al tiempo, consiga el mayor consenso posible entre los partidos nacionales: un consenso nuevo, de base y ambición nacional.
La Razón, 20-02-18