Nacionalismo y relativismo
Fue el francés Maurice Barrès quien habló del nacionalismo como un relativismo. Relativismo, porque el nacionalismo no conoce la existencia de derechos humanos universales ni de valores que serían compartidos por todos. El nacionalismo sólo reconoce derechos a los nacionales y sólo admite como valores dignos de aprecio aquellos que los propios nacionales han creado a lo largo de la historia y que culminan, precisamente, en esa entidad mítica y excluyente que es la nación nacionalista.
En el largo proceso de creación de la nación vasca, hemos ido viendo cómo se aplicaba de forma implacable este relativismo que desconoce el sentido mismo de lo humano: asesinatos, chantajes, presiones, insultos, ataques, exaltaciones de la violencia… todo ha sido dado por bueno con tal de conseguir el objetivo de depurar la comunidad vasca de aquello que le es ajeno y que la contamina. Los asesinatos se terminaron por la presión del Estado de derecho. No así lo que Javier Lesaca definió en un excelente ensayo publicado en la red Floridablanca como “sociedad amenazada”, es decir sometida a un sistema de amenazas que impide el ejercicio de las libertades y los derechos.
Un elemento más de esta “sociedad amenazada” es la llamada Ley de Abusos policiales, aprobada por el Parlamento vasco en 2016 con el apoyo del PSE-PSOE, y que el Gobierno de Rajoy había recurrido ante el Tribunal Constitucional. Esta ley prescinde del procedimiento jurídico y faculta al propio Parlamento para decidir quién cometió o no esos posibles abusos. No hay mejor definición práctica de lo que Barrès llamaba relativismo. Se juzgarán hechos no en función de la ley, sino en función de los criterios políticos, derivados de la ideología nacionalista, que priman en ese Parlamento. Y en vez de dejar la historia a los historiadores y al debate público, el Parlamento vasco también se arroga el derecho, en el caso de delitos prescritos, de establecerla y dictarla. Al retirar el recurso, el gobierno de Pedro Sánchez acepta este principio y añade un elemento más de inseguridad a esa sociedad amenazada que es el País Vasco.
La Razón, 07-08-18
