El aborto y los derechos

Uno de los puntos claves de la reforma de la ley del aborto es dejar atrás la idea de que el aborto es un derecho. El aborto puede ser una (mala) solución a un problema sin salida, pero no es un derecho, ni al título de los derechos clásicos, como la vida o la libertad, ni al de los más modernos, como el derecho a la educación o a la sanidad. Por eso el Estado no tiene la obligación de garantizarlo, al revés.

El Estado moderno, el de la segunda mitad del siglo XX, está en la obligación de respetar y garantizar esos derechos. Entre ellos, el derecho a la intimidad y a las inclinaciones afectivas o sexuales de cada uno. No comprenderíamos a un Estado que no cumpliera con esas obligaciones. Ahora bien, el Estado también está en la obligación de intervenir cuando, en el cumplimiento de esos derechos, una decisión individual –legítima de por sí- puede poner en cuestión la dignidad o la vida de otro ser humano. Como se debate cuándo aparece la vida humana, esta intervención del Estado a posteriori se considera, en el caso del aborto, algo encaminado sólo a la represión y al castigo. No tiene por qué ser así, sin embargo.

Existe un consenso casi general sobre la función del Estado como garante de los derechos. Por eso mismo deberíamos esforzarnos por ampliar el consenso acerca de lo segundo. Y así como le pedimos a las administraciones públicas que sigan haciendo el esfuerzo de informar y educar para prevenir los embarazos no deseados, y también el de facilitar las fórmulas de adopción, otro tanto deberíamos hacer en lo que atañe al respeto a la vida y a la dignidad. Un punto de partida puede ser que si el Estado se abstiene, la libertad, la intimidad y la elección afectiva se convierten en algo trivial, sin consecuencias, sin valor moral. Y en vez de hacernos progresar nos empujan hacia atrás, hacia la falta de humanidad.

Se trata por tanto de ampliar la exigencia ética –en este caso, precisar los casos en los que el aborto es admisible- pero también de conseguir que esa ampliación sea el resultado de una convicción moral asumida por una mayoría social. No todas las decisiones políticas requieren estas condiciones. Esta sobre el aborto, sí, y por eso es tan delicada y tan relevante. Por eso mismo hay que actuar al revés de cómo lo hizo el anterior gobierno socialista, y es lo que se está haciendo.

La Razón, 01-07-14