Delincuencia y política
La declaración de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su participación en el “referéndum” del 9-N, momento culminante del llamado “procès”, es un gran documento. Pone de manifiesto algo que todos conocíamos, pero que el principal protagonista relata ahora: cómo una institución estatal fue puesta al servicio de un objetivo contrario a la ley. El testimonio es abrumador y, como ayer publicaba LA RAZÓN, afecta a toda la serie de hechos, desde la cesión de los institutos de enseñanza para celebrar la “consulta” hasta la utilización de las fuerzas de orden público, pasando por la fabricación de las urnas, y el diseño del software. El documento resulta también fascinante porque Mas, el investigado, intenta aprovechar el interrogatorio para hacer propaganda política, con declaraciones aparatosas y la reivindicación permanente de lo que es una actuación delictiva en nombre de una causa superior, en este caso el “país”, la “democracia”, la presión del “pueblo catalán”.
Mas no es el único posible delincuente embarcado en la reivindicación “política” de una transgresión de la ley. En la movida de extrema izquierda podemita, y muchas veces de la mano del PSOE, andan de campaña permanente haciendo como que hacen política con el incumplimiento de la legalidad.
La veda se abrió el 13 de marzo de 2004, cuando el PSOE reventó la jornada de reflexión para ganar las elecciones. Hasta entonces estas acciones parecían reservadas a los nacionalistas vascos más o menos radicales. Con la crisis económica, muchos siguieron el ejemplo socialista. Entre 2010 y 2013 pareció, efectivamente, que los españoles éramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. El sistema estaba a punto de entrar en quiebra y todo, por tanto, estaba permitido: desde la ocupación de las calles a los escraches, las “consultas” y diversas formas de “procès” autodeterminante. Todo entraba dentro del apartado de lo “político”, como si la política fuera el reino de la arbitrariedad. No es el menor mérito del PP en estos años el haber sorteado esta situación sin medidas de excepción, aunque la cobardía evidente de estos supuestos héroes merece otro tipo de tratamiento, al menos una condena clara de las elites dirigentes.
Habrá que volver a acostumbrarse a algo menos divertido, donde los políticos son los que más obligación tienen de respetar la ley y una acción sólo merece el calificativo de “política” cuando cumple la legislación, respaldada por la Constitución y la soberanía democrática. Todo el resto es picaresca de la peor especie, abuso de poder, autoritarismo disfrazado de rebeldía.
La Razón, 29-03-16
Ilustración: Manifestación a favor de Andrés Bódalo en Jaén.
