La comparecencia. Rajoy en el Supremo
Nunca el Presidente de un Gobierno español se tendría que haber sentado ante un tribunal. Ni siquiera como testigo. Por eso la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Supremo en el juicio de la intentona secesionista tuvo algo profundamente desagradable, como si hubieran fallado todos los mecanismos que debían haber impedido algo tan aberrante. Algo ha funcionado muy mal en la democracia española para llegar a esto.
También tuvo algo de un viaje al pasado, un pasado remoto con el que poco tenemos ya que ver, de tan grande como es el cambio producido desde entonces. Mariano Rajoy se ciñó al eje de su línea política, que es para él lo esencial del asunto: su negativa a hablar de modificaciones en la soberanía y en la Constitución. La posición es perfectamente lógica y defendible. Constituye la quintaesencia de la política de Mariano Rajoy, atenida a la cuestión puramente institucional. También carece de propuestas ante el nacionalismo, como no sea una perpetua negociación, que es lo único que impedirá llegar a poner en duda la Constitución. Cuando todo estalló, en septiembre y en octubre de 2017, quedó la estupefacción de quienes parecen no haber creído nunca que se iba a llegar hasta ahí.
Ahora bien, cabe preguntarse si no es justamente eso lo que contribuye a que el nacionalismo culmine en secesionismo. La secesión fue siempre su único proyecto y su objetivo final. Lo fue siendo cada vez más a medida que se iba vaciando de competencias el Estado central sin que nunca se pusiera coto a las cesiones. En el fondo, se daba la impresión de que todo era admisible. Lo que se puede calificar de rajoyismo puro también era la culminación lógica de los años previos, desde el inicio de la democracia. Por eso la comparecencia de Rajoy tuvo también algo de final de época. Ha quedado demostrada la imposibilidad del diálogo… tal como estaba planteado hasta el otoño de 2017.
Claro que habrá que volver a dialogar, pero desde presupuestos muy distintos. Los nacionalistas deberán comprender, sin que quepa la menor duda al respecto, que se han acabado los tiempos del chantaje perpetuo. La actitud del secesionismo –y de los abogados defensores- intentando convertir el juicio en el Supremo en un juicio a España y al Estado democrático debería llevar a los partidos nacionales y constitucionalistas a llegar a un acuerdo definitivo a este respecto.
La Razón, 01-03-19
