Peor que mal. Sindicalismo nacionalizado
La participación de los sindicatos llamados de clase en la manifestación de ayer en favor de la libertad de los presos sólo es una buena noticia para los nacionalistas. No lo es para el conjunto de la sociedad española ni, menos aún para los propios sindicatos, que quedan colocados en una tesitura de muy difícil explicación en el conjunto del país.
Evidentemente, el fin de la manifestación era lícito y se entiende que haya sindicalistas que compartan las posiciones del nacionalismo acerca de la reacción jurídica al “procés” secesionista. Ahora bien, esos sindicalistas no se han manifestado en nombre propio, como una toma de posición individual. Lo que han hecho ha sido comprometer su organización (no toda, porque se han desmarcado las secciones de Renfe y Telefónica de UGT) en un acto que no suscita, ni mucho menos, la unanimidad de los catalanes.
No nos vamos a escandalizar ahora por esto. Los “sindicatos de clase” de nuestro país son organizaciones políticas que han recibido gigantescos privilegios, entre ellos el control del mercado laboral hasta 2012, a cambio de garantizar la “paz social”. Es bien conocido el grado de compromiso con la izquierda que han solido tener estos sindicatos, acentuado desde la Presidencia de Rodríguez Zapatero. Más aún: cuando se ha acelerado su pérdida de influencia entre los trabajadores, la tentación izquierdista se ha ido volviendo más y más intensa, en una deriva que culmina, por ahora, en esta manifestación en la que ocuparon un papel protagonista, a la cabeza de la marcha.
Los sindicatos de clase catalanes –no el todo, ya ha quedado dicho- han cedido así a la tradición pronacionalista característica de la izquierda española. Ya estaba ahí, y es sabido que entre los encarcelados está Dolors Bassa, antiguo cargo de UGT. Esta vez, sin embargo, la decisión resulta particularmente grave. El movimiento secesionista podrá presumir de “transversalidad”, como se dice ahora, siendo así que igualmente “transversal” es el movimiento en favor de la unidad y la cohesión de la nación española. Además de aumentar las tensiones en los propios sindicatos, que perderán credibilidad, se agravará la división en la sociedad catalana.
No es de recibo alegar que la manifestación estuviera destinada únicamente a solicitar la puesta en libertad de los encarcelados. El acto forma parte de una campaña en favor de la secesión, destinada a afianzar la mentira propagandística de que los presos lo son por sus opiniones políticas, como si en nuestro país hubiera presos políticos. Así se desacredita la democracia española y se suministra argumentos a quienes han presentan el Estado español como una entidad autoritaria. Que eso lo haga Podemos, que aspira a implantar en nuestro país un régimen peronista, o chavista, se entiende. Que lo hagan UGT y CCOO no resulta tan fácil de comprender. Quizás es que ven el futuro del sindicalismo en esa línea.
También puede estar la tentación de seguir tomando “la calle”, como si entre la reivindicación de las pensiones y la adscripción nacionalista se le tendiera una trampa mortal al PP (y a Ciudadanos). El resultado, aquí, puede ser muy distinto a lo esperado. Los sindicatos, incluso siéndolo de clase, forman parte del sistema y del régimen. Contribuir, como ya están haciendo, al desorden, al cierre de empresas y al empobrecimiento de Cataluña no les saldrá gratis.
Finalmente, participar con tal grado de compromiso en la manifestación indica que los “sindicatos de clase” no parecen tener un gran respeto por la separación de poderes vigente en nuestro país. No son opiniones, ni medidas políticas las que han provocado el encarcelamiento de los líderes de la secesión. Son hechos presuntamente delictivos cuya valoración está en manos de una justicia independiente, sobre la que el poder ejecutivo, como el legislativo, no tiene influencia. Los sindicatos de clase, tan mimados por la democracia española desde la Transición, no deberían dudar de ello.
(Dicho esto, también será necesario pedir a los jueces diligencia para acabar con una situación insostenible, que amenaza la estabilidad del Estado.)
La Razón, 16-04-18
