Profesores y diplomacia pública
La APSA es la Asociación Americana (entiéndase Estadounidense) de Ciencia Política y cuenta, según dice, con unos 11.000 miembros. El 30 de noviembre envió una carta al Presidente del Gobierno español exigiendo, con argumentos erróneos, que el Gobierno retire los cargos contra Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal y otros por su actuación durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 al haber sido nombrados miembros de la llamada Sindicatura Electoral (como una Junta Electoral Central). La Fiscalía de la Audiencia de Barcelona pidió dos años de cárcel para ellos por presunta usurpación de funciones y nueve por supuesta desobediencia.
En respuesta a la carta, un buen número de los participantes en el Foro de Profesores, una agrupación informal de profesionales y docentes preocupados por el respeto a la Constitución, la democracia liberal y la unidad de su país, escribieron al presidente de la APSA explicando los hechos: que la democracia española está entre las más avanzadas del mundo, que la separación de poderes vigente en España impide al gobierno hacer lo que la APSA exige (una arbitrariedad flagrante) y que el llamado referéndum fue un intento de sabotear el régimen constitucional.
Ante las cartas recibidas, el presidente de la asociación, Rogers M. Smith, ha consentido en añadir un párrafo que no modifica la exigencia al Gobierno español, pero subraya la preocupación de su Asociación por los colegas españoles, como si la libertad de expresión de estos hubiera estado, o estuviera amenazada en algún momento.
Sobre España siguen pesando prejuicios atávicos y la APSA, tal vez influida por la Generalidad, no comprende ni quiere comprender el funcionamiento del sistema democrático español. La labor del Foro de Profesores, que ya ha intervenido en varios episodios similares, es extraordinaria, pero no les corresponde a ellos solos hacer el trabajo, propio de la diplomacia pública, de contrarrestar las “fake news” contra el orden constitucional español. Claro que pedir algo parecido de un Gobierno cuyos socios son los separatistas catalanes se antoja poco realista.
La Razón, 11-12-18
