Economía política
El ex gobierno bonito sigue empeñado en mantenerse en el poder sin apoyos parlamentarios y sin programa político. Hemos pasado de un gobierno tecnocrático, en el que todo quedaba (o más propiamente dicho, parecía quedar ) confiado a la gestión, a otro en el que la gestión no tiene la menor importancia y todo se fía a la gesticulación ideológica y a la propaganda. No hay más que asistir a alguna de las ruedas de prensa de los viernes, tras el Consejo de ministros, para comprobarlo.
No es casual, en consecuencia, que la situación económica haya empezado a degradarse y las previsiones sean cada vez peores, como indica el propio Ministerio de Economía. Y no sólo en Cataluña, donde el gobierno secesionista está haciendo todo lo posible para desacreditar su “nación” entre los inversores, los empresarios y los visitantes. También en el resto de España, donde las múltiples distracciones que ofrece un gobierno sin apoyos y sin programa –lo repito, porque es algo excepcional- las vamos a pagar a precio de oro. En particular los más vulnerables: autónomos, parados y jóvenes.
La alternativa a la perpetua diversión activista no es la vuelta a la tecnocracia, eso parece claro. Y sin embargo, que los españoles no deseen un gobierno de gestión no quiere decir que ignoren la seriedad de lo que está en juego. Se trata por tanto de volver a articular la gestión económica con la política, de tal forma que el electorado entienda que las dos van de la mano y que tan perjudicial es la desaparición de la primera como la de la segunda (bien representada en la invisible ministra de Economía).
El Partido Popular tiene muchas bazas en este campo. Su legado económico y social es extraordinario y podría ser la base para presentar a los españoles un programa coherente de recuperación del dinamismo, que inevitablemente requiere la continuación de las reformas estancadas desde 2016. Convendría recuperar el significado político de los éxitos económicos ahora puestos en peligro. También para recordar que aún queda gente seria entre las elites dirigentes de nuestro país.
La Razón, 02-10-18